La reconocida investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, la doctora Gabriela Ríos Granados, presentó un análisis profundo sobre la compleja relación entre la informalidad laboral y el cumplimiento de las obligaciones tributarias en México. Esto en el marco del Primer Congreso de Fiscalidad Internacional y Gobernanza, organizado por las facultades de Contaduría y Administración, y de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Ríos Granados subrayó la necesidad de adoptar una perspectiva interdisciplinaria —que combine el Derecho Fiscal y la Sociología Fiscal— para comprender por qué cerca de 32 millones de personas, el equivalente a la mitad de la población económicamente activa en el país, operan actualmente en la informalidad.

Durante su intervención, la especialista destacó que, tras la pandemia, la informalidad laboral en México experimentó un incremento significativo. “Al no haber apoyos por parte del gobierno, tanto local como federal, la gente tuvo que vivir del comercio informal. La idea es que el gobierno genere más economía productiva y que estas personas puedan incorporarse a la formalidad porque, al hacerlo, obtendrán seguridad social y beneficios que no se consiguen en una economía informal”, explicó la doctora.

La conferencia tuvo como objetivo central inspirar a los jóvenes universitarios a involucrarse en la comprensión del sistema impositivo. La investigadora enfatizó que el pago de impuestos debe entenderse como un elemento fundamental del contrato social y un mecanismo esencial para exigir rendición de cuentas a los gobernantes.

El gobierno tendría que apoyar a las personas emprendedoras quitando trámites burocráticos para que puedan formalizar su negocio. La economía informal es mucho más amplia que la informalidad laboral, pero considerando que esta última representa a la mitad de la fuerza de trabajo en el país, imagínate el impacto: si la mitad de las personas no pagan impuestos, el resultado es un Estado fiscalmente muy débil”, señaló Ríos Granados.

La especialista agregó que, desde el ámbito de los derechos humanos y del derecho fiscal, “no todas las personas deberían pagar impuestos, porque no todas tienen la capacidad económica para hacerlo; algunas apenas perciben ingresos para su propia sobrevivencia”.

Ríos Granados concluyó su participación exhortando a los alumnos a no limitar su visión al aspecto técnico-contable y a desarrollar una sensibilidad sociológica que les permita comprender el impacto real de las normas fiscales en la sociedad.